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Cuando alguien deja de trabajar en un organismo del Estado, surge una duda frecuente: ¿puede hablar libremente de todo lo que vio o escuchó? La respuesta es no siempre, porque en Uruguay la confidencialidad no termina con la jubilación o la renuncia.
La lógica detrás de la reserva
Aunque la Constitución no lo diga expresamente, la idea es simple: la confianza en la función pública se construye sobre la responsabilidad de guardar la información sensible. La ciudadanía espera que quienes tuvieron acceso a datos delicados —ya sean personales o institucionales— no los usen después para beneficio propio ni para dañar a otros.
Qué dicen las leyes
Ley 18.381: protege la información considerada confidencial (por ejemplo, datos económicos o cláusulas secretas en contratos).
Estatuto del Funcionario Público (Ley 19.121): prohíbe revelar información conocida en el ejercicio del cargo, salvo autorización.
Ley 18.331 (Protección de Datos Personales): es la más clara, porque dice que el deber de secreto se mantiene incluso cuando la relación laboral terminó.
¿Qué pasa si se viola la confidencialidad?
Las consecuencias pueden ser graves:
El Estado puede reclamar responsabilidades.
La persona afectada puede pedir una indemnización.
Y en casos más extremos, puede haber sanciones penales, como el delito de violación de secretos.
Un ejemplo cercano
Imaginemos a una funcionaria de salud que, tras jubilarse, cuenta públicamente detalles de la historia clínica de un paciente. Aunque ya no trabaje en el hospital, esa información sigue siendo confidencial. Divulgarla sin autorización es una falta grave, que puede generar sanciones legales.
En resumen
Ser funcionario público significa un compromiso que no se corta con el fin del contrato. La confidencialidad es parte de ese compromiso, y respetarla protege tanto a las personas como a la credibilidad de las instituciones.
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