Uruguay en alerta institucional: cuando el relato no coincide con la realidad.
Por ELIDA BENTANCOR
Uruguay sigue siendo una democracia.
Pero una democracia no se sostiene solo por autodefinición, sino por la calidad de sus instituciones, la coherencia entre discurso y acción, y el respeto efectivo al Estado de Derecho.
A poco más de un año de iniciado el actual gobierno, comienzan a acumularse señales de deterioro institucional que atraviesan lo económico, lo social, lo educativo y lo político. Y lo más preocupante es que muchas de esas señales contradicen compromisos asumidos durante la campaña electoral.
Este artículo no es una proclama partidaria.
Es una alerta republicana.
Promesas de campaña y ajustes reales
Durante la campaña electoral, el presidente Yamandú Orsi aseguró públicamente que no se aumentarían los impuestos. Sin embargo, en el primer año de gestión se adoptaron medidas que impactan directamente en el bolsillo de trabajadores y jubilados.
El ajuste de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) para 2026 modificó las franjas del IRPF y del IASS, reabriendo el debate sobre el criterio aplicado y su efecto real sobre los ingresos. A ello se suman cambios en el Fonasa, cuyo impacto —según el propio Ministerio de Economía— se sentirá a partir de 2027, pero que ya generan incertidumbre y desconfianza.
En paralelo, las tarifas públicas aumentaron desde el 1.º de enero:
ANTEL aplicó un ajuste promedio del 3,5 %,
OSE incrementó tarifas en torno al 8,5 %,
UTE actualizó su pliego tarifario.
Todo esto ocurre en un país ya considerado uno de los más caros de la región, donde el crecimiento del ingreso real es mínimo y la capacidad de ahorro se reduce año tras año.
Seguridad y responsabilidad política
La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. Más allá de cifras parciales, la percepción social es de deterioro, con zonas donde el Estado parece replegarse.
En este contexto, el episodio protagonizado por el ministro del Interior —un siniestro de tránsito que derivó en citación parlamentaria— volvió a poner en discusión los estándares de responsabilidad política. No hubo renuncia ni consecuencias institucionales claras.
Cuando la responsabilidad no tiene costo, la confianza se erosiona.
INAU: presión sindical, exposición pública y responsabilidades mal atribuidas
El debate sobre el INAU también dejó al descubierto una forma de operar institucionalmente preocupante, donde la presión sindical, la amplificación mediática y la falta de conducción firme terminaron exponiendo a personas sin que existieran procedimientos administrativos que lo respaldaran.
En 2024, en medio de un clima de alta tensión política y gremial, se produjeron renuncias y salidas de jerarcas sin que en todos los casos mediara investigación administrativa ni sumarios formales. La conducción del organismo fue cuestionada por su tibieza para enfrentar conflictos internos, optando en ocasiones por pedidos de renuncia antes que por procesos institucionales claros.
Un caso paradigmático fue el de la entonces directora departamental de INAU en Rocha, Elida Bentancor, quien no fue sometida a sumario administrativo ni a investigación interna, y cuya salida del cargo coincidió con su jubilación legal, tras 42 años y 8 meses de trabajo, sin antecedentes disciplinarios en más de tres décadas de función en el organismo. Su jubilación fue informada públicamente por la prensa nacional, dejando constancia de la causal legal y administrativa.
Bentancor rechazó públicamente las imputaciones difundidas, negó la autoría de audios que circularon en redes y medios, y sostuvo que se trató de un ataque sistemático basado en difamaciones, sin respaldo institucional. Realizó descargos públicos en medios radiales departamentales y calificó el episodio como un circo político, sin que hasta el presente se haya configurado denuncia judicial ni sanción administrativa alguna en su contra.
Desde el punto de vista jurídico, existe además una confusión grave en el tratamiento mediático de responsabilidades:
👉 Los ingresos y egresos de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección estatal son dispuestos exclusivamente por un juez, con intervención fiscal, no por directores departamentales ni jerarcas administrativos. Atribuir responsabilidades fuera de ese marco distorsiona los hechos y erosiona la seriedad institucional.
Este tipo de episodios dejó una señal inquietante: cuando el conflicto se gestiona con temor a los gremios y sin conducción firme, la institución se debilita. Y cuando el Estado permite que se instalen relatos sin proceso, la confianza pública se resiente.
INAU bajo escrutinio parlamentario: cargos y gobernanza
Más allá de los casos personales, el INAU enfrenta hoy un cuestionamiento estructural. Legisladores anunciaron convocatorias parlamentarias para que sus autoridades expliquen la reducción de cargos jerárquicos técnicos y, en paralelo, el incremento de cargos de asesoría política, varios de ellos no concursados y difundidos públicamente por la prensa con nombres y funciones.
Este contraste reabre una discusión central: la carrera administrativa y la neutralidad del Estado.
El Estado no es un partido político ni una asociación de poder. Funciona con reglas, méritos y controles.
Cuando esas reglas se debilitan, el Estado se desestabiliza.
Educación, sindicatos y batalla cultural
El deterioro no es solo económico o administrativo. También es cultural y educativo.
La creciente influencia sindical en áreas clave, la pérdida de calidad en la enseñanza pública y la imposición de relatos ideológicos generan una ruptura con amplios sectores de la ciudadanía.
En este contexto, el senador Sebastián da Silva llamó a los jóvenes —en particular a la Generación Z— a dar la batalla cultural, advirtiendo sobre la imposición de discursos únicos y la necesidad de defender la libertad de pensamiento.
Por su parte, la senadora Graciela Bianchi ha cuestionado duramente el rol del PIT-CNT, señalando su alineamiento político y su capacidad de presión.
Estas voces no surgen en el vacío: reflejan un malestar social creciente, visible también en redes sociales.
Política exterior y señales equivocadas
El gobierno encabezó un viaje oficial a China con una delegación cercana a las 150 personas. El objetivo declarado fue fortalecer vínculos comerciales.
La pregunta es legítima:
¿qué señal envía Uruguay cuando prioriza el acercamiento a una potencia de partido único, sin libertades políticas ni alternancia democrática, mientras se debilitan lazos con democracias occidentales?
Para muchos ciudadanos, este viaje fue leído como desorientación estratégica y gasto injustificado, financiado por el contribuyente.
Conclusión
Uruguay no está perdido.
Pero sí está en alerta.
Cuando el silencio reemplaza al control,
cuando la complacencia sustituye a la responsabilidad,
cuando el relato intenta tapar la realidad,
la República se erosiona.
Las instituciones no se declaman.
Se defienden.
✍️ Elida Bentancor
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