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martes, 12 de mayo de 2026

Uruguay y la inseguridad: cuando el miedo se vuelve parte de la vida cotidiana

Uruguay fue durante décadas un país asociado a la tranquilidad, al respeto institucional y a una convivencia relativamente pacífica.
Hoy, esa imagen comienza a resquebrajarse. Los asesinatos, los ajustes de cuentas, el narcotráfico y la violencia callejera aparecen todos los días en titulares, radios y redes sociales. Y lo más preocupante es que la población empieza a acostumbrarse al horror. Ese es quizás el síntoma más grave de todos: la normalización de la violencia.
Una sensación que ya no es solo percepción
En barrios de Montevideo, pero también en ciudades del interior que históricamente eran tranquilas, el miedo ya forma parte de la rutina.
Hace pocos días fue asesinada una joven pareja dentro de un vehículo, mientras un niño estaba presente en la escena. En Pan de Azúcar —una localidad tradicionalmente calma— una persona fue ejecutada a sangre fría en plena calle. Son hechos que hace años hubieran conmocionado al país entero durante semanas. Hoy duran horas en los titulares y luego son reemplazados por el próximo crimen.
La pregunta es inevitable:
👉 ¿Qué está pasando en Uruguay?
¿Prevención o permisividad?
Toda sociedad democrática debe trabajar en prevención social, educación y oportunidades. Pero una cosa es prevenir, y otra muy distinta es perder autoridad frente al delito.
Muchos ciudadanos perciben que los gobiernos de izquierda tienden a abordar la criminalidad desde una visión excesivamente teórica o ideologizada, donde el delincuente aparece más como víctima del sistema que como responsable de sus actos.
El problema de esa mirada es simple:
mientras se debate la teoría, la población vive con miedo.
Los derechos humanos no pueden transformarse en una herramienta que solo proteja al agresor mientras el trabajador, el estudiante, el comerciante o el jubilado quedan librados a su suerte.
El primer derecho humano debería ser poder vivir sin miedo.
El narcotráfico y el crimen organizado
Uruguay ya no puede pensarse aislado del contexto internacional. El narcotráfico opera con estructuras transnacionales, lavado de dinero y bandas organizadas que atraviesan fronteras.
La sensación de muchos uruguayos es que el país perdió capacidad de control territorial en determinadas zonas. Hay barrios donde:
los ómnibus ingresan con temor,
las ambulancias requieren custodia,
los taxis evitan entrar,
y la policía parece actuar muchas veces en situación defensiva.
Cuando el Estado retrocede, otros ocupan el espacio.
Y recuperar ese terreno después cuesta años.
👉Una frase que generó alarma
El actual ministro del Interior realizó declaraciones que fueron interpretadas por muchos ciudadanos como una señal de resignación frente al narcotráfico. Aunque el debate sobre el contexto exacto continúa, el impacto social fue claro:
👉 gran parte de la población sintió que el Estado estaba admitiendo debilidad frente al crimen organizado.
Y cuando la autoridad transmite resignación, la ciudadanía percibe desprotección.
¿Importamos violencia?
También surge otra preocupación legítima:
¿Uruguay está importando formas de violencia que antes no existían aquí?
El crecimiento de bandas vinculadas al narcotráfico, el uso de armas de guerra y ciertos patrones de ejecución criminal hacen pensar que parte de esta violencia responde a dinámicas regionales e internacionales más amplias.
Pero eso no debería paralizar al país. Al contrario: debería impulsar políticas firmes, coordinadas y sostenidas en el tiempo.
Seguridad no es autoritarismo
Pedir seguridad no convierte a nadie en extremista.
Exigir orden no significa estar contra los derechos humanos.
La enorme mayoría de los uruguayos quiere simplemente:
salir a trabajar sin miedo,
caminar tranquilos,
que los niños puedan crecer seguros, y que quienes delinquen enfrenten consecuencias reales.
Una sociedad donde el delincuente teme menos que el ciudadano honesto termina perdiendo el equilibrio moral y jurídico.
Conclusión
Uruguay todavía está a tiempo de reaccionar.
Pero negar la gravedad del problema sería un error histórico.
La inseguridad ya no es un tema secundario:
es una amenaza directa a la convivencia, a la libertad y a la calidad de vida.
Cuando el crimen avanza y el Estado duda, la población siente que queda sola.
Y ningún país puede sostener una democracia sana si sus ciudadanos viven encerrados, desconfiando de las calles y mirando todos los días nuevos asesinatos como si fueran parte inevitable del paisaje.
🖊️Elida Bentancor 
     Noticias Plenas

viernes, 30 de enero de 2026

Uruguay en alerta institucional: cuando el relato no coincide con la realidad.

Uruguay en alerta institucional: cuando el relato no coincide con la realidad.
Por ELIDA BENTANCOR 

Uruguay sigue siendo una democracia.
Pero una democracia no se sostiene solo por autodefinición, sino por la calidad de sus instituciones, la coherencia entre discurso y acción, y el respeto efectivo al Estado de Derecho.
A poco más de un año de iniciado el actual gobierno, comienzan a acumularse señales de deterioro institucional que atraviesan lo económico, lo social, lo educativo y lo político. Y lo más preocupante es que muchas de esas señales contradicen compromisos asumidos durante la campaña electoral.
Este artículo no es una proclama partidaria.
Es una alerta republicana.

Promesas de campaña y ajustes reales
Durante la campaña electoral, el presidente Yamandú Orsi aseguró públicamente que no se aumentarían los impuestos. Sin embargo, en el primer año de gestión se adoptaron medidas que impactan directamente en el bolsillo de trabajadores y jubilados.
El ajuste de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) para 2026 modificó las franjas del IRPF y del IASS, reabriendo el debate sobre el criterio aplicado y su efecto real sobre los ingresos. A ello se suman cambios en el Fonasa, cuyo impacto —según el propio Ministerio de Economía— se sentirá a partir de 2027, pero que ya generan incertidumbre y desconfianza.
En paralelo, las tarifas públicas aumentaron desde el 1.º de enero:
ANTEL aplicó un ajuste promedio del 3,5 %,
OSE incrementó tarifas en torno al 8,5 %,
UTE actualizó su pliego tarifario.
Todo esto ocurre en un país ya considerado uno de los más caros de la región, donde el crecimiento del ingreso real es mínimo y la capacidad de ahorro se reduce año tras año.

Seguridad y responsabilidad política
La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. Más allá de cifras parciales, la percepción social es de deterioro, con zonas donde el Estado parece replegarse.
En este contexto, el episodio protagonizado por el ministro del Interior —un siniestro de tránsito que derivó en citación parlamentaria— volvió a poner en discusión los estándares de responsabilidad política. No hubo renuncia ni consecuencias institucionales claras.
Cuando la responsabilidad no tiene costo, la confianza se erosiona.

INAU: presión sindical, exposición pública y responsabilidades mal atribuidas
El debate sobre el INAU también dejó al descubierto una forma de operar institucionalmente preocupante, donde la presión sindical, la amplificación mediática y la falta de conducción firme terminaron exponiendo a personas sin que existieran procedimientos administrativos que lo respaldaran.
En 2024, en medio de un clima de alta tensión política y gremial, se produjeron renuncias y salidas de jerarcas sin que en todos los casos mediara investigación administrativa ni sumarios formales. La conducción del organismo fue cuestionada por su tibieza para enfrentar conflictos internos, optando en ocasiones por pedidos de renuncia antes que por procesos institucionales claros.
Un caso paradigmático fue el de la entonces directora departamental de INAU en Rocha, Elida Bentancor, quien no fue sometida a sumario administrativo ni a investigación interna, y cuya salida del cargo coincidió con su jubilación legal, tras 42 años y 8 meses de trabajo, sin antecedentes disciplinarios en más de tres décadas de función en el organismo. Su jubilación fue informada públicamente por la prensa nacional, dejando constancia de la causal legal y administrativa.
Bentancor rechazó públicamente las imputaciones difundidas, negó la autoría de audios que circularon en redes y medios, y sostuvo que se trató de un ataque sistemático basado en difamaciones, sin respaldo institucional. Realizó descargos públicos en medios radiales departamentales y calificó el episodio como un circo político, sin que hasta el presente se haya configurado denuncia judicial ni sanción administrativa alguna en su contra.
Desde el punto de vista jurídico, existe además una confusión grave en el tratamiento mediático de responsabilidades:
👉 Los ingresos y egresos de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección estatal son dispuestos exclusivamente por un juez, con intervención fiscal, no por directores departamentales ni jerarcas administrativos. Atribuir responsabilidades fuera de ese marco distorsiona los hechos y erosiona la seriedad institucional.
Este tipo de episodios dejó una señal inquietante: cuando el conflicto se gestiona con temor a los gremios y sin conducción firme, la institución se debilita. Y cuando el Estado permite que se instalen relatos sin proceso, la confianza pública se resiente.

INAU bajo escrutinio parlamentario: cargos y gobernanza
Más allá de los casos personales, el INAU enfrenta hoy un cuestionamiento estructural. Legisladores anunciaron convocatorias parlamentarias para que sus autoridades expliquen la reducción de cargos jerárquicos técnicos y, en paralelo, el incremento de cargos de asesoría política, varios de ellos no concursados y difundidos públicamente por la prensa con nombres y funciones.
Este contraste reabre una discusión central: la carrera administrativa y la neutralidad del Estado.
El Estado no es un partido político ni una asociación de poder. Funciona con reglas, méritos y controles.
Cuando esas reglas se debilitan, el Estado se desestabiliza.

Educación, sindicatos y batalla cultural
El deterioro no es solo económico o administrativo. También es cultural y educativo.
La creciente influencia sindical en áreas clave, la pérdida de calidad en la enseñanza pública y la imposición de relatos ideológicos generan una ruptura con amplios sectores de la ciudadanía.
En este contexto, el senador Sebastián da Silva  llamó a los jóvenes —en particular a la Generación Z— a dar la batalla cultural, advirtiendo sobre la imposición de discursos únicos y la necesidad de defender la libertad de pensamiento.
Por su parte, la senadora Graciela Bianchi ha cuestionado duramente el rol del PIT-CNT, señalando su alineamiento político y su capacidad de presión.
Estas voces no surgen en el vacío: reflejan un malestar social creciente, visible también en redes sociales.

Política exterior y señales equivocadas
El gobierno encabezó un viaje oficial a China con una delegación cercana a las 150 personas. El objetivo declarado fue fortalecer vínculos comerciales.
La pregunta es legítima:
¿qué señal envía Uruguay cuando prioriza el acercamiento a una potencia de partido único, sin libertades políticas ni alternancia democrática, mientras se debilitan lazos con democracias occidentales?
Para muchos ciudadanos, este viaje fue leído como desorientación estratégica y gasto injustificado, financiado por el contribuyente.

Conclusión
Uruguay no está perdido.
Pero sí está en alerta.
Cuando el silencio reemplaza al control,
cuando la complacencia sustituye a la responsabilidad,
cuando el relato intenta tapar la realidad,
la República se erosiona.
Las instituciones no se declaman.
Se defienden.
✍️ Elida Bentancor 
Noticias Plenas