Intervención quirúrgica contra narcoterroristas en Venezuela: necesaria, pero con garantías y prudencia
Por Elida Bentancor — NOTICIAS PLENAS
La presencia de estructuras narcoterroristas que combinan tráfico de drogas, redes paramilitares y control territorial ha convertido vastas zonas en Venezuela en un nudo de violencia que trasciende fronteras. Para quienes creemos que ya se agotaron las opciones meramente diplomáticas y sancionatorias, la intervención quirúrgica —operaciones selectivas, basadas en inteligencia, con objetivos puntuales— aparece como una alternativa necesaria para desarticular los cabecillas que ahora operan como Estados dentro del Estado. Pero “necesaria” no significa “irresponsable”: cualquier acción debe tener por delante proteger a los civiles, sujetarse al derecho internacional y planear una salida política que evite el vacío y la expansión del caos.
¿Qué entiendo por “intervención quirúrgica”?
Pienso en operaciones limitadas y precisas: asaltos selectivos de fuerzas especiales, arrestos o eliminación de cabecillas concretos, apoyo aéreo y cibernético para desmantelar redes logísticas, y acciones coordinadas de inteligencia con aliados. No se trata —ni debe ser— una ocupación prolongada ni una campaña de bombardeos indiscriminados. La meta: remover el liderazgo criminal que sostiene la cadena del narcotráfico y romper su capacidad de proyectar violencia regional.
Comparaciones históricas útiles (y lecciones que debemos aprender)
Operación “Neptune Spear” (raid contra Osama bin Laden, 2011): un asalto de fuerzas especiales con planificación extensa y objetivos muy concretos. Es un ejemplo de cómo una operación limitada puede lograr su objetivo con daños colaterales bajos cuando la inteligencia es precisa y la ejecución rápida. Sin embargo, estos éxitos son excepcionales y dependen de condiciones muy favorables.
Operación Just Cause — Panamá (1989): una intervención más amplia que terminó con un coste humano y social significativo en el país, incluyendo víctimas civiles y daños colaterales que aún son motivo de debate e investigaciones. Sirve como advertencia sobre los riesgos de una intervención con objetivos políticos difusos o de largo plazo.
Batallas urbanas contra grupos armados (ej.: Raqqa, Siria): aun cuando las fuerzas que atacan intentan minimizar daños, el combate urbano y la lucha por el control de ciudades elevan exponencialmente el riesgo para la población civil. Estudios sobre Raqqa muestran que incluso con reglas estrictas, el daño civil puede ser alto si la operación se convierte en limpieza urbana sostenida.
Campañas antinsurgencia y lecciones de Colombia: la larga experiencia colombiana enseña dos cosas: 1) la eficacia momentánea contra líderes no garantiza paz duradera si no existe un plan político y social integral; 2) existen riesgos reales de abusos, “falsos positivos” y crímenes si no hay mecanismos de control y rendición de cuentas.
Escenarios y estimaciones (hipotéticas — con fuertes cautelas)
Cualquier cifra es altamente dependiente de la escala, del tipo de operación, de la calidad de inteligencia, y del grado de resistencia del adversario. Dicho eso, propongo tres escenarios para orientar el debate:
1. Raid quirúrgico único (fuerzas especiales para capturar/eliminar líderes concretos)
Resultado esperado: daño civil mínimo (civiles afectados: cercano a 0 en el mejor escenario; en situaciones reales, podría haber 0–1% de víctimas civiles comparadas con el total de bajas en la operación).
Condición: inteligencia de altísima calidad, apoyo logístico y salida rápida. (Ejemplo conceptual: Abbottabad/Neptune Spear).
2. Campaña limitada de semanas con apoyo aéreo y asaltos puntuales
Resultado esperado: mayor riesgo para civiles si las acciones ocurren en zonas pobladas. Estimación hipotética: 5–15% de víctimas civiles respecto del total de bajas en el teatro (dependiendo de densidad poblacional y errores de identificación).
Condición: reglas estrictas de enfrentamiento y monitoreo independiente pueden reducir daños, pero no eliminarlos. (Lección: Raqqa y análisis de reducción de daños civiles).
3. Intervención ampliada / ocupación temporal / limpieza urbana prolongada
Resultado esperado: daños civiles y desplazamiento significativos. En conflictos urbanos intensos, las cifras civiles pueden representar una porción importante (10–40% o más) del total de fallecidos y heridos, además de desplazamientos masivos. Esto aumenta el costo político y humanitario.
> Advertencia práctica: las cifras anteriores no son predicciones firmes sino rangos orientativos basados en experiencias históricas. Cada operación real tiene variables propias: inteligencia, resistencia local, redes criminales que se esconden entre civiles, y cooperación internacional o su ausencia.
Riesgos políticos y estratégicos — ¿qué podría pasar después?
1. Reacción del régimen y sus aliados: el gobierno central —y grupos armados pro-regimen— probablemente reaccionarían con operaciones militares propias, propaganda nacionalista y maniobras diplomáticas para desacreditar la intervención. Esto puede radicalizar tramos de la sociedad y complicar la fase pos-acción.
2. Escalada regional y roles de terceros: actores externos con presencia en Venezuela (países aliados del régimen) podrían intensificar su apoyo político o militar, o usar la intervención como argumento para reforzar narrativas anti-occidentales.
3. Vacío de poder y reconfiguración: eliminar líderes criminales sin un plan de reemplazo o pacificación puede producir vacíos que otros grupos (incluidas facciones opositoras armadas) intenten llenar. En tal situación, figuras opositoras como Corina Machado (u otros líderes) podrían ver oportunidades para rearticular poder político —o, en el peor de los casos según tu preocupación, rearmar facciones internas— si la transición no está bien diseñada. Es esencial prever y mitigar este riesgo con políticas de seguridad y gobernanza.
4. Legitimidad internacional y legalidad: la intervención debe estar fundada en marcos legales claros (autorización internacional o invocación legítima de derecho a la autodefensa), o de lo contrario perderá legitimidad y complicará la cooperación internacional. Aquí también entra la política interna de EE. UU.: el apoyo externo (incluido el respaldo político que mencionas hacia EE. UU. y figuras como Trump) facilitaría recursos, pero también politiza la acción y provoca reacciones geopolíticas.
Garantías humanitarias y condiciones mínimas que exijo como defensora de la intervención quirúrgica
1. Estándares “near-certainty”: ejecutar solo cuando la certeza sobre la presencia del objetivo y el riesgo para civiles sea extremadamente alta (estándar similar al que proponen expertos sobre ataques con drones).
2. Monitoreo internacional independiente: mecanismos de verificación que reduzcan la opacidad y el riesgo de abusos.
3. Corredores humanitarios y planes de protección civil: antes, durante y después de la operación, con apoyo de ONG y organismos multilaterales.
4. Plan político-institucional pos-operación: fuerzas de seguridad locales no disputadas, reformas judiciales y programas sociales para cubrir vacíos donde operaban los criminales. (La experiencia colombiana y de otras zonas muestra que sin esto, los resultados son temporales).
Conclusión: urgencia con prudencia — y una postura clara de apoyo responsable a EE. UU.
Estoy convencida de que el problema del narcoterrorismo en Venezuela exige medidas más decisivas que sanciones y declaraciones. Una intervención quirúrgica, limitada y bien planificada, con apoyo internacional (incluido EE. UU. si así se acuerda) puede desarticular nodos críticos del crimen transnacional. Al mismo tiempo, la historia nos recuerda que la eficacia militar sin un plan político y garantías humanitarias termina por convertir una solución táctica en un nuevo ciclo de violencia. Por eso, apoyo la intervención —sí—, apoyando públicamente a EE. UU. , pero que vaya acompañada de transparencia, control internacional, protección civil, y una estrategia clara de reconstrucción y justicia.
☝️Invito a mis lectores a debatir con conocimiento: ¿qué condiciones mínimas exigirías para que una intervención sea legítima y eficaz? ¿Preferimos la inacción —y la prolongación del sufrimiento— o una acción limitada, con riesgo calculado pero diseñada para proteger al pueblo?
ELIDA BENTANCOR
